CNC G-1 — Provisiones por riesgo de crédito (Compendio de Normas Contables para Cooperativas)

Capítulo G-1

PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO

El presente Capítulo se refiere a las provisiones que deben constituirse para cubrir los riesgos de crédito de las colocaciones y créditos contingentes. Se entienden como “colocaciones” los activos que deben incluirse en el rubro “Créditos y cuentas por cobrar a clientes”, según lo indicado en el Capítulo H-3 de este Compendio, en tanto que los créditos contingentes corresponden a los definidos en el Capítulo G-3.

Por consiguiente, estas normas no alcanzan al tratamiento de instrumentos para inversión o de otros activos financieros que no formen parte de las “colocaciones”.

Salvo por el hecho de que deben incluirse también los créditos contingentes que pudieren existir y por algunas precisiones en relación con las provisiones adicionales de carácter voluntario, las instrucciones para el cálculo y constitución de provisiones contenidas en el presente Capítulo no contienen innovaciones con respecto a las normas vigentes a la fecha de su emisión, esto es, con las fueron establecidas en el Capítulo 7-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos y cuya aplicación se hizo extensiva a las cooperativas mediante la Circular N° 108 de 4 de junio de 2003.

Las cooperativas deben mantener permanentemente evaluada la totalidad de su cartera de colocaciones y sus créditos contingentes, a fin de constituir oportunamente las provisiones necesarias y suficientes para cubrir las pérdidas esperadas de los créditos concedidos.

Para ese efecto, deberán utilizar los modelos o métodos de evaluación que sean más apropiados para el tipo de cartera u operaciones que realicen, ciñéndose a las pautas generales establecidas en los N°s. 2 y 3 siguientes.

Dichos modelos, como asimismo las modificaciones en su diseño o aplicación, deberán ser aprobados por el Consejo de Administración de la cooperativa, debiendo quedar constancia de ello en el acta de la respectiva sesión.

La evaluación individual de los deudores es necesaria cuando se trate de empresas que por su tamaño, complejidad o nivel de exposición con la entidad, sea necesario conocerlas integralmente.

Los modelos diseñados sobre la base del análisis individual, contemplarán el uso de categorías de riesgo para los deudores y sus créditos.

Como es natural, el análisis de los deudores debe centrarse en su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias, mediante información suficiente y confiable, debiendo analizarse también sus créditos en lo que se refiere a garantías, plazos, tasas de interés, moneda, reajustabilidad, etc.

Para los efectos del análisis individual de que se trata, las instituciones financieras deberán considerar al menos lo siguiente:

Industria o sector: Se refiere al análisis del grado de competencia en el mercado en que está inserto el deudor, la sensibilidad del sector a las fluctuaciones cíclicas de la economía y de otros factores de exposición al riesgo que acompañan a la industria de que se trate.

Socios y administración: Se refiere al conocimiento de los socios o propietarios de la empresa, y en algunos casos también de los administradores. En este sentido, resulta relevante saber si ellos tienen experiencia comprobada en el negocio, su antigüedad, honorabilidad en los negocios y nivel de endeudamiento, como asimismo el grado de compromiso de su patrimonio.

Situación financiera y capacidad de pago: Se refiere al análisis de la situación financiera del deudor, utilizando para el efecto indicadores tales como: liquidez, calidad de los activos, eficiencia operacional, rentabilidad, apalancamiento y capacidad de endeudamiento, etc., debiendo compararse los indicadores pertinentes con aquellos de la industria en que se inserta la empresa.

En relación con la capacidad de pago del deudor, se examinarán las características de su endeudamiento global y se estimarán sus flujos de caja, incorporando para el efecto distintos escenarios en función de las variables de riesgo claves del negocio.

Asimismo, deben considerarse en forma explícita los posibles efectos de los riesgos financieros a que está expuesto el deudor y que pueden repercutir en su capacidad de pago, tanto en lo que concierne a los descalces en monedas, plazos y tasas de interés, como en lo que toca a operaciones con instrumentos derivados y compromisos por avales o cauciones otorgadas.

Comportamiento de pago: Se refiere al análisis de la información acerca del deudor que permite conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones en general, esto es, tanto el comportamiento histórico de pagos en la institución como en el sistema financiero, como asimismo el cumplimiento de sus demás obligaciones, siendo antecedentes relevantes, por ejemplo, las infracciones laborales, previsionales o tributarias.

Las garantías que cubren los créditos, que pasan a constituir un factor importante cuando se trate de deudores que muestren dificultades para el pago de sus obligaciones, deberán considerarse de acuerdo con lo indicado en el N° 4 de este título.

Cualesquiera sean las categorías de riesgo que la institución financiera utilice en sus modelos de evaluación individual, para efectos de constituir las provisiones los deudores deberán clasificarse en las categorías de riesgo que se indican en los numerales siguientes.

Los modelos deberán contemplar la homologación con esas categorías, cuando ellos consideren una distinta o cuando se trate de métodos refinados que separen la clasificación de deudores de la clasificación de créditos.

Clasificación

A1 A2 A3 B

% provisión

Los porcentajes de provisión para los créditos de los deudores que queden encasillados en cada una de estas categorías se apoyarán en probabilidades estadísticas y serán los que apruebe el Consejo de Administración de cada Cooperativa.

En estas categorías se encasillarán los deudores cuya capacidad de pago es suficiente para cubrir sus obligaciones en las condiciones pactadas.

Las categorías con el rango “A” se refieren a deudores sin riesgos apreciables, cuya capacidad de pago seguiría siendo buena frente a situaciones desfavorables de negocios, económicas o financieras. El encasillamiento en ese rango se efectuará según la fortaleza relativa de los deudores, establecida de acuerdo con los métodos utilizados por la cooperativa. No obstante, la categoría A1 de la tabla se utilizará solamente para encasillar a empresas cuyos títulos en moneda nacional tengan una clasificación privada de riesgo igual o superior a “AA-”, en el evento de que una cooperativa tuviere un deudor con esas características. En ese caso, si existe más de una clasificación para los mismos títulos, se tomará en cuenta la más baja.

En la categoría “B” se encasillarán a los deudores que presentan algún riesgo, pero que no muestran señales de deterioro al punto de que frente a situaciones previsibles adversas de negocios, económicas o financieras, el deudor analizado dejaría de pagar alguna de sus obligaciones.

Por tratarse de categorías que reflejan la capacidad de pago del deudor, pueden incluirse en ellas solamente los deudores cuya fortaleza hace innecesario el examen de las recuperaciones de los créditos en relación con las garantías. Por consiguiente, en ningún caso la homologación permite encasillar en estas categorías a deudores que muestran un mal comportamiento de pago (con la institución financiera o con terceros y reflejado, por ejemplo, en la cartera vencida, morosidad recurrente o renegociaciones con capitalización de intereses), aun cuando los créditos se encuentren totalmente cubiertos con garantías.

Para efectos de constituir las provisiones, todas las colocaciones y créditos contingentes de un mismo deudor quedarán encasillados en la categoría que le corresponde al deudor, debiendo utilizarse los porcentajes aprobados por el Consejo de Administración. Los montos de las colocaciones corresponderán al valor contable de las operaciones registradas en el activo y la de los créditos contingentes al porcentaje que se indica en el Capítulo G-3.

Clasificación C1 C2 C3 C4 D1 D2

Rango de pérdida estimada Hasta 3 % Más de 3% hasta 19% Más de 19% hasta 29% Más de 29 % hasta 49% Más de 49% hasta 79% Más de 79%

Provisión 2% 10% 25% 40% 65% 90%

En este segmento se ubicarán los deudores con capacidad de pago insuficiente en las situaciones previsibles. Las categorías que se indican corresponden a un encasillamiento basado en el nivel de pérdida esperada de créditos comerciales y operaciones de leasing comercial del cliente en su conjunto, cuantificado de acuerdo a la metodología utilizada por la institución financiera.

Para efectos de constituir las provisiones, se aplicará sobre los créditos el porcentaje asociado al rango de porcentajes de pérdida estimada.

Las evaluaciones grupales de deudores o de créditos resultan pertinentes para abordar un alto número de operaciones cuyos montos individuales son bajos, en que se pueden establecer características homogéneas para un grupo de deudores o de créditos.

En general, la evaluación en forma masiva de los deudores se puede aplicar cuando se trate de personas naturales o empresas de tamaño pequeño.

El método que se utilice (la “matriz de riesgo” o como se le denomine), puede apuntar a una clasificación de deudores en categorías de riesgo o bien a la cuantificación directa de pérdidas por cada crédito o conjunto de créditos, basándose en los atributos del deudor y de los créditos.

La conformación de grupos requiere que la cooperativa especifique los atributos que deben reunir los deudores que lo conforman y las razones para hacerlo, debiendo contar con la evidencia empírica que permita fundamentar los factores de riesgo que se consideran. En estos modelos constituyen factores de riesgo, por ejemplo, el comportamiento de pago interno (amortizaciones al préstamo original y renegociaciones), el nivel de endeudamiento, el comportamiento de pago en otras instituciones financieras, la estabilidad y suficiencia de los ingresos, como asimismo las garantías, según el tipo de operaciones de que se trate.

Al tratarse de créditos de carácter masivo que tienen características de riesgo comunes, la institución podrá también basar su estimación de pérdidas en los porcentajes que se obtienen del comportamiento histórico de los deterioros, castigos y recuperaciones del grupo de créditos de que se trate.

Este método (análisis de “camadas”) se basa en el seguimiento de créditos otorgados bajo condiciones homogéneas a deudores que cumplan ciertas características comunes y sólo se podrá aplicar si existe un historial suficientemente amplio para fundamentar el comportamiento de créditos otorgados bajo las mismas políticas crediticias, como puede ocurrir por ejemplo, con segmentos de créditos hipotecarios para vivienda en letras de crédito o en mutuos hipotecarios endosables.

Tratándose de las evaluaciones grupales, las provisiones correspondientes a los créditos se constituirán siempre de acuerdo con la pérdida estimada mediante los métodos que se utilicen, es decir, no se aplicarán homologaciones como las previstas en el numeral 2.3.1 y 2.3.2, sin perjuicio de la posibilidad de aplicar criterios similares en esos métodos.

Una garantía puede considerarse como una segunda fuente de pago sólo si está legalmente bien constituida y mientras se cumplan todas las condiciones que permiten su eventual ejecución o liquidación a favor de la cooperativa acreedora.

Al tratarse de garantías reales (hipotecas o prendas), la estimación de pérdidas en los métodos que se apliquen deben considerar el flujo neto que se obtendría en la venta de los bienes. De acuerdo con eso, el monto de recuperación de un crédito por la vía de la garantía, corresponderá al valor actual del importe que se obtendría en la venta de acuerdo con las condiciones actuales del mercado, neto de los gastos estimados en que se incurriría para mantenerlos y/o enajenarlos, todo ello en concordancia con las políticas que al respecto tenga la cooperativa.

La necesidad de retasar los bienes o de reexaminar sus condiciones físicas, dependerá de la posibilidad de que las variaciones de precios o deterioros físicos de los bienes incidan en la recuperación total de los créditos con problemas de pago.

Las estimaciones de pérdida para efectos de constituir las provisiones de acuerdo con los métodos de evaluación que se apliquen, considerarán el estado de los bienes arrendados y los gastos que implica su rescate y liquidación o eventual recolocación.

Las agrupaciones del modelo de información establecido en el Capítulo H-3 a nivel del Estado de Situación Financiera, son sin perjuicio de la necesidad de segmentar las colocaciones y los créditos contingentes por tipos de deudores o de créditos, hasta los niveles que sean más apropiados o pertinentes para la aplicación de sus distintos modelos, debiendo las cooperativas mantener sistemas que les permitan generar en forma expedita información detallada de los montos de las provisiones ligadas a los distintos créditos.

Los modelos que se utilicen deben ser revisados anualmente con miras a asegurar la mejor cobertura de provisiones al cierre del ejercicio, debiendo comunicarse los resultados de esa evaluación al Consejo de Administración para los fines previstos en el numeral 7.1 siguiente.

Debido a la importancia que tienen las provisiones por riesgo de crédito en los estados financieros de las cooperativas, su Consejo de Administración deberá examinar por lo menos una vez al año y en relación con el cierre de cada ejercicio anual, la suficiencia del nivel de provisiones y deberá dar en forma expresa su conformidad, en el sentido de que, en su opinión, ellas son suficientes para cubrir todas las pérdidas que pueden derivarse de los créditos otorgados por la entidad que dirige.

Para ese efecto, junto con todos los antecedentes que estime necesario considerar, deberá obtener también un informe de los auditores externos de la cooperativa.

Además de dejarse constancia en las actas de lo anterior, el Consejo de Administración comunicará por escrito a esta Superintendencia, a más tardar el último día hábil bancario del mes de enero de cada año, su conformidad con el nivel de provisiones y, cuando sea el caso, las provisiones adicionales que haya exigido constituir como consecuencia de su examen.

En sus visitas de inspección esta Superintendencia examinará el funcionamiento de los métodos utilizados por las cooperativas.

Por otra parte, revisará la suficiencia de las provisiones constituidas examinando, entre otras cosas, la clasificación de deudores en las categorías establecidas en el numeral 2.3 anterior cuando se trate de cartera en que se aplica una metodología de análisis individual de deudores.

La revisión de este Organismo podrá limitarse a cierto tipo de deudores, de créditos o de metodologías utilizadas, es decir, no necesariamente efectuará una estimación de la pérdida esperada para la totalidad de la cartera de colocaciones.

Como resultado de esta revisión, las diferencias que resulten entre las provisiones constituidas y las pérdidas estimadas por esta Superintendencia, por los motivos que en cada caso se darán a conocer, se traducirán en una calificación de la institución financiera, para lo cual se utilizarán las categorías explicadas en el Anexo N° 1 de este Capítulo.

La calificación de la cooperativa puede derivar en la obligación de mantener un nivel mínimo de provisiones exigido por esta Superintendencia, de acuerdo con lo señalado en el Anexo de este Capítulo.

Las provisiones necesarias para cubrir adecuadamente las colocaciones y la exposición de los créditos contingentes, deben ser calculadas y constituidas mensualmente, debiendo quedar plenamente identificadas con las operaciones que cubren, el tipo de cartera y el modelo de evaluación utilizado.

Dado que la aplicación de las reglas indicadas en este Capítulo supone la determinación de montos de provisiones que abarcan tanto los activos como los créditos contingentes, para separar lo que concierne a colocaciones de la parte correspondiente a los créditos contingentes, se calculará separadamente la pérdida esperada de estos últimos.

Las cooperativas podrán constituir provisiones adicionales a las que resultan de la aplicación de sus modelos de evaluación de cartera, a fin de resguardarse del riesgo de fluctuaciones económicas no predecibles que puedan afectar el entorno macroeconómico o la situación de un sector económico específico.

Las provisiones constituidas con el fin de precaver el riesgo de fluctuaciones macroeconómicas debieran anticipar situaciones de reversión de ciclos económicos expansivos que, en el futuro, pudieran plasmarse en un empeoramiento en las condiciones del entorno económico y, de esa forma, funcionar como un mecanismo anticíclico de acumulación de provisiones adicionales cuando el escenario es favorable y de liberación o de asignación a provisiones específicas cuando las condiciones del entorno se deterioren.

De acuerdo con lo anterior, las provisiones adicionales deberán corresponder siempre a provisiones generales sobre colocaciones comerciales, para vivienda o de consumo, o bien de segmentos identificados de ellas, y en ningún caso podrán ser utilizadas para compensar deficiencias de los modelos utilizados por la cooperativa.

Para constituir las provisiones adicionales, las cooperativas deberán contar con una política aprobada por su Consejo de Administración, que considere, entre otros aspectos:

- los criterios para constituirlas, teniendo presente que su constitución debe ser función sólo de exposiciones ya asumidas;

- los criterios para asignarlas o liberarlas; y,

- la definición de límites específicos, mínimos y máximos, para este tipo de provisiones.

Presentación de los saldos y revelaciones Las provisiones constituidas sobre la cartera de colocaciones se tratarán como cuentas de valoración de los respectivos activos, informando en el Estado de Situación Financiera el importe de esa cartera neto de provisiones. No obstante, las provisiones adicionales que se constituyan de acuerdo con lo indicado en el numeral 8.2 anterior, se informarán en el pasivo, al igual que las constituidas sobre créditos contingentes.

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Las Cooperativas quedarán clasificadas en Nivel I, II o III, según sea la calidad de sus procesos de determinación de provisiones para las carteras consumo, comercial e hipotecaria para vivienda. El Nivel I corresponderá a aquellas cooperativas que presentan adecuados procesos de determinación de provisiones, tanto para las carteras evaluadas en forma individual como grupal. En este caso, el nivel de provisiones determinado por esta Superintendencia, presenta una variación menor a un 5% del monto de provisiones contabilizado por la institución a una fecha determinada. El Nivel II corresponderá a aquellas instituciones que poseen procesos de determinación de provisiones con deficiencias, cuando el nivel de provisiones determinado por esta Superintendencia presenta una variación desde un 5% hasta un 15% del monto de provisiones contabilizado por la institución a una fecha determinada. Por último, en Nivel III quedarán clasificadas aquellas cooperativas que presentan inadecuados procesos de determinación de provisiones, tanto para las carteras evaluadas en forma individual como grupal. En este caso, el nivel de provisiones determinado por esta Superintendencia, presenta una variación mayor al 15% del monto de provisiones contabilizado por la institución a una fecha determinada. La calificación tendrá los siguientes efectos: Cooperativa calificada en Nivel II: Deberá mantener él o los niveles mínimos de provisiones que indique esta Superintendencia, mientras el Consejo de Administración no tome conocimiento de las situaciones observadas y considere que se encuentran solucionados los problemas que motivaron tal decisión. Lo anterior deberá quedar reflejado en las actas del Consejo. Cooperativa calificada en Nivel III: Deberá mantener él o los niveles mínimos de provisiones que indique esta Superintendencia mientras no se autorice lo contrario.