Circular UAF 62 — Instrucciones generales a los sujetos obligados del Art. 3 de la Ley N°19.913 (19-mar-2025)

CIRCULAR Nº62

Santiago, 19 de marzo de 2025

REF : IMPARTE INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3, INCISO PRIMERO, DE LA LEY N°19.913.

La Ley Nº19.913 dispone que el objetivo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley y en el artículo 8° de la Ley N°18.3141”.

Para ello, en su artículo 2°, letra f), faculta a la UAF a “impartir instrucciones de aplicación general a las personas enumeradas en los artículos 3°, inciso primero, y 4°, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2º de este Título, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución”.

En el ejercicio de las facultades antes mencionadas, la Unidad de Análisis Financiero dicta la presente Circular con el objetivo de poner a disposición de todos los sujetos obligados, instituciones públicas, organismos de persecución penal y de la ciudadanía en su conjunto, una recopilación actualizada de las normas dictadas previamente por este Servicio, y así contar con una normativa clara y de fácil comprensión.

En línea con las recomendaciones internacionales, la presente Circular incluye un enfoque basado en riesgos2 para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), el cual deberá ser incorporado en las políticas y procedimientos que implementen las entidades reportantes para prevenir y detectar los mencionados actos ilícitos, toda vez que será el criterio rector bajo el cual la Unidad de Análisis Financiero supervisará el cumplimiento de la normativa.

Así, se dictan las presentes instrucciones:

1 El artículo 26 de la Ley N°21.732, que derogó la Ley N°18.314, señala: “(…) las referencias legales o reglamentarias al delito consagrado en el artículo 8º de la Ley Nº18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo 10 de esta ley”. Por tanto, en lo sucesivo, todas las referencias se harán a la ley vigente.

2 Riesgo: Se entiende como la probabilidad de que se materialice un evento negativo asociado al LA/FT/FP y su impacto estimado. Es la interrelación entre las amenazas y vulnerabilidades, ajustadas por la existencia de factores mitigadores, y su nivel de impacto. El grado de certeza o la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos, y su impacto, representan el nivel o escala de riesgo, métrica que permite diferenciar eventos considerados más probables que otros menos frecuentes. Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP. UAF, enero 2024.

PRIMERO: De las obligaciones comunes.

Son obligaciones comunes a todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º, inciso primero, de la Ley Nº19.913, en lo sucesivo “sujetos obligados”, las siguientes:

a.1) Todos los sujetos obligados deben iniciar su proceso de solicitud de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desde el comienzo del ejercicio de su actividad.

a.2) Para la inscripción en el Registro de la UAF se deberá utilizar el medio que esta defina, y completar todos los campos solicitados, según se trate de una persona natural o jurídica. Una vez que la UAF reciba la solicitud de registro con todos los datos, y valide que estos son correctos, veraces y completos, enviará una clave de acceso al correo electrónico de la persona designada para relacionarse con este Servicio, en lo sucesivo “oficial de cumplimiento”. La UAF podrá solicitar información complementaria o aclaración sobre determinados antecedentes, pudiendo rechazar la solicitud en caso de no corresponder a alguna de las actividades descritas en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

a.3) La UAF requiere que la información que se ingrese sea completa, correcta y verdadera, asumiendo el solicitante las eventuales responsabilidades legales en caso de que se acredite la falsedad de parte de esta, o de su totalidad.

a.4) Es deber de todos los sujetos obligados actualizar e informar a la UAF todo cambio en los campos de registro ante este Servicio, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados desde que se produjo dicho cambio. La actualización o modificación de datos se podrá solicitar a través del sitio www.uaf.cl.

a.5) Para poner fin al registro en la UAF se deberá remitir la solicitud respectiva a través del sitio www.uaf.cl, con los antecedentes que den cuenta del término del ejercicio de la actividad por la que se encontraba inscrito en el Servicio.

a.6) Mientras el sujeto obligado no haya tramitado su término de giro y no haya notificado dicho término a la UAF, deberá seguir cumpliendo con las obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 y en las circulares UAF.

a.7) Las personas naturales o jurídicas que, estando supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se inscriban voluntariamente en el Registro de la UAF, tendrán la calidad plena de sujeto obligado y, por ende, deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Ley N°19.913 y en las circulares UAF.

b.1) Todos los sujetos obligados deberán designar un oficial de cumplimiento responsable de relacionarse con la UAF, y de coordinar e implementar políticas y procedimientos de prevención y detección de actos, operaciones o transacciones relacionadas con el lavado de activos y con el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), conforme con las características organizacionales propias de su entidad.

b.2) El oficial de cumplimiento deberá detentar un cargo de alta responsabilidad dentro de la entidad, tal como gerente de área o división, a objeto de asegurar una debida independencia en el ejercicio de su labor, siendo deber del sujeto obligado proveer a este de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión. Para este objetivo, el oficial de cumplimiento deberá tener acceso a todas las operaciones y transacciones que realice el sujeto obligado, y a toda la documentación y antecedentes pertinentes.

b.3) En caso de sujetos obligados persona natural, o categorizados como micro o pequeña empresa según la Ley N°20.416, podrán designar como oficial de cumplimiento a la persona natural, a un socio, administrador o ejecutivo.

b.4) La UAF no aceptará la solicitud de registro de un oficial de cumplimiento que haya sido condenado por alguno de los delitos base establecidos en el artículo 27 de la Ley N°19.913, o por el delito de lavado de activos, de asociación u organización para el lavado de dinero, o por el delito de financiamiento del terrorismo.

b.5) La UAF no aceptará la solicitud de registro como oficial de cumplimiento de un exfuncionario de la UAF, hasta seis meses después de haber cesado en su cargo en el Servicio.

b.6) El cambio de la persona registrada en la UAF como oficial de cumplimiento o representante legal, deberá solicitarse a través del sitio www.uaf.cl dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados desde que se produjo el cambio, indicando el nombre completo, cédula nacional de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico de la nueva persona.

c.1) Las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, así como la documentación fundante necesaria, deben ser remitidas a la UAF a través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por el canal que defina la UAF. El oficial de cumplimiento deberá completar todos los datos solicitados y cumplir todas las instrucciones definidas por la UAF para completar el ROS.

c.2) Se entenderá por operación sospechosa de lavado de activos, todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.

c.3) Se entenderá por operación sospechosa de financiamiento del terrorismo todo acto, operación o transacción que pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 10 de la Ley Nº21.732.

c.4) El ROS no tiene una periodicidad o un monto monetario establecidos. Deben ser reportadas a la UAF, en el menor tiempo posible, todas las operaciones sospechosas de las que se tenga conocimiento en el ejercicio de la actividad profesional, comercial o empresarial, así como acompañar la documentación fundante necesaria, debiendo cumplirse todas las instrucciones definidas por la UAF.

c.5) Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos que garanticen la seguridad, confidencialidad y oportunidad de la información que será enviada a la UAF a través de un ROS. Dichos procedimientos deben constar en el Manual de Prevención y Detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) de la entidad.

c.6) Los sujetos obligados deberán utilizar la Guía de Señales de Alerta que la UAF ponga a disposición en el sitio www.uaf.cl, y podrán utilizar sus propias señales de alerta con los comportamientos o características de ciertas operaciones o personas que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de LA/FT/FP.

c.7) Los sujetos obligados deberán realizar el análisis de las potenciales operaciones sospechosas de manera estructurada, documentando las fases de análisis, gestiones realizadas y fuentes de información consultadas. El proceso de análisis deberá considerar toda la operativa relacionada, los intervinientes en la operación y la información relevante que posea el sujeto obligado. Dicha documentación se mantendrá a disposición de la UAF y deberá ser presentada en los respectivos procesos de fiscalización.

c.8) Los sujetos obligados deberán conservar el registro de los casos analizados de potenciales operaciones sospechosas por el plazo de cinco años, debiendo constar las fechas de apertura y cierre del caso, los motivos que generaron su revisión, una descripción de la operativa analizada, la conclusión alcanzada tras el análisis y las razones en que se funde el ROS enviado a la UAF, o el descarte de la operación.

Reporte derivado de la coincidencia con las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas c.9) Los sujetos obligados deberán revisar de manera periódica y sistemática a todos sus clientes, o potenciales clientes, en las Listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se indican a continuación sobre FT y FP, y deberán conservar respaldo de dichas búsquedas o revisiones por un plazo mínimo de tres años.

c.10) Los sujetos obligados deberán revisar las Listas de los Comités de Sanciones contenidos en las siguientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números 1.267, de 1999; 1.333, de 2000; 1.373, de 2001; 1.390, de 2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006; 1.747, de 2007; 1.803, de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de 2011; 1.989, de 2011; 2.253, de 2015; 2.356, de 2017, y 2.371, de 2017, y sus subsecuentes resoluciones, y cualquiera otra que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial de Chile. Estos listados se encontrarán disponibles en el banner “Listas de Resoluciones ONU” del sitio www.uaf.cl.

c.11) En el evento de identificar a alguna persona natural o jurídica que esté mencionada en cualquiera de las listas incluidas en el punto anterior, los sujetos obligados deberán informar de inmediato dicho hallazgo a la UAF, a través de un ROS, sin requerir un análisis de las transacciones y conductas de la persona o entidad identificada. Esto, a efecto de que la UAF pueda iniciar el proceso de solicitud de la medida de congelamiento de activos establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.913.

d.1) Los sujetos obligados deberán informar a la UAF en forma mensual, trimestral o semestral, dependiendo del sector económico al que pertenezcan, todas las operaciones en efectivo que superen los USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación, a través de un Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), por los medios e instrucciones que defina la UAF.

d.2) Son operaciones en efectivo aquellas que se materialicen en papel moneda o dinero metálico. Los sujetos obligados solo deberán informar aquellas operaciones que realmente se hayan materializado en efectivo, siendo responsabilidad directa del propio sujeto obligado hacer la respectiva distinción, de acuerdo con la información tenida a la vista y disponible del acto, operación o transacción. Los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas bancarias de los sujetos obligados también deberán ser considerados en los reportes.

d.3) Los sujetos obligados que no registren, en el periodo correspondiente, operaciones en efectivo superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación, deberán enviar un reporte negativo.

d.4) En el Anexo N°1 de esta Circular se indica la periodicidad que cada categoría de sujeto obligado deberá cumplir para el envío del ROE a la UAF.

d.5) Es deber de cada sujeto obligado verificar que el envío del ROE haya sido correctamente recepcionado por la UAF, así como también llevar a cabo las correcciones necesarias para su total cumplimiento. En caso de que el envío contenga errores u omisiones, el ROE será rechazado por el sistema, quedando la obligación como no cumplida.

d.6) Para rectificar un ROE, el oficial de cumplimiento deberá ingresar el requerimiento respectivo a través del sitio www.uaf.cl, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo de la obligación de informar el ROE, siguiendo las indicaciones que defina la UAF.

d.7) Para el caso en que se requiera reemplazar un archivo ROE por uno negativo, o viceversa, se deberán adjuntar los antecedentes de respaldo de las transacciones involucradas, y se deberá seguir el procedimiento que defina la UAF.

e.1) Los sujetos obligados deberán crear y mantener los siguientes registros permanentes, sea en formato físico o electrónico:

• Registro de Operaciones en Efectivo: Deberá contener todos los archivos y documentos de respaldo de las operaciones contenidas en los reportes enviados y aprobados por la UAF.

• Registro de Operaciones Sospechosas: Deberá contener los expedientes, carpetas y documentos de respaldo del análisis de las operaciones sospechosas enviadas a la UAF, así como las descartadas.

• Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): Deberá contener las fichas de clientes, los antecedentes y documentos de respaldo.

• Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP): Deberá contener: a) la lista de clientes PEP, b) las operaciones realizadas por los clientes PEP y los documentos de respaldo de dichas operaciones, y c) los antecedentes recabados por aplicación de lo dispuesto en el literal h.4) de esta Circular.

• Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos: Deberá ser llevado por los sujetos obligados dedicados a prestar este servicio, incluyendo toda la información que se requiere en el Capítulo I “De las Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos” de la presente Circular.

e.2) Toda la información contenida en los registros señalados precedentemente deberá ser conservada y mantenida por los sujetos obligados por un plazo mínimo de cinco años, desde terminada la relación comercial o la última operación ocasional, y deberá estar a disposición de la UAF cuando esta la requiera. En caso de que el sujeto obligado mantenga estos registros por más de cinco años, estará igualmente obligado a entregar la información solicitada. Los registros deberán estar siempre a disposición de las autoridades competentes.

f.1) La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es el proceso de identificación y conocimiento del cliente, con la finalidad de entender el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional, usando dicho conocimiento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de un proceso continuo de análisis de la conducta de los clientes.

f.2) La información obtenida en la DDC deberá incorporarse en una ficha de cliente, la que deberá ser actualizada al menos anualmente o cuando existan cambios relevantes. Los antecedentes y documentos de respaldo obtenidos en el proceso de la DDC deberán mantenerse en el registro respectivo referido en el punto e.1).

f.3) Todos los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes la siguiente información y documentación de respaldo:

1. Nombre o razón social y nombre de fantasía, cuando cuente con uno.

2. Documento de identidad o pasaporte cuando se trate de personas naturales. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT, o similar si es extranjera, y prueba de su constitución, vigencia y forma jurídica. Además, se deberá identificar a los beneficiarios finales de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo G.

3. Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio en el caso de personas naturales, y giro comercial para las personas jurídicas.

4. País de residencia y domicilio tributario. 5. Domicilio en Chile o en el país de origen, o residencia permanente. 6. Correo electrónico o teléfono de contacto. 7. Propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

f.4) La información antes señalada se deberá solicitar en los siguientes casos:

1. Antes o durante el establecimiento de una relación comercial o contractual de carácter permanente con el cliente.

2. Cuando se realice una o más transacciones ocasionales con un cliente con quien no se tenga una relación comercial o contractual de carácter permanente, y esta sea por un monto igual o superior a los USD 3.000, considerando que la transacción se lleve a cabo en una única operación o en varias operaciones que parezcan estar vinculadas. Los sujetos obligados que se indican en el Anexo N°2 deberán aplicar los umbrales ahí definidos.

3. Cuando existan sospechas de LA/FT, con independencia de las exenciones y umbrales definidos.

f.5) Los sujetos obligados deberán tomar medidas razonables o adecuadas para verificar la información y documentación entregada por el cliente, pudiendo siempre solicitar al mismo información y documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad y autenticidad de la información y documentación entregada por el cliente.

f.6) En el evento que el cliente se niegue a entregar todo o parte de la información y documentación antes indicada, o si se detectare que la información proporcionada es falsa, tales circunstancias deberán ser consideradas como señales de alerta con el fin de evaluar el envío de un ROS a la UAF.

f.7) Los sujetos obligados deberán desarrollar un análisis continuo del comportamiento de sus clientes, sus actos, operaciones y transacciones a lo largo de la relación, en aras de asegurar que se correspondan con el propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de riesgos de LA/FT/FP. En el caso de que no se correspondan, deberán ser consideradas operaciones inusuales y someterse a lo previsto en el literal c.7).

f.8) Los sujetos obligados podrán aplicar medidas simplificadas o deberán aplicar medidas reforzadas de DDC a sus productos y servicios, de acuerdo con sus políticas de riesgos de LA/FT/FP. Estas políticas de riesgos deberán tener como base las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP de la UAF, así como los Enfoques Sectoriales, en la medida que sean dictados por este Servicio, y deberán constar en el Manual de Prevención y Detección del LA/FT/FP y estar debidamente fundamentadas y documentadas.

f.9) Las medidas reforzadas deberán aplicarse a los clientes que operen con países o zonas geográficas, productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados de alto riesgo. Asimismo, se deberán aplicar cuando exista sospecha de un cliente.

f.10) Son medidas reforzadas de DDC, las siguientes:

1. Obtención de información adicional sobre el propósito y carácter que se pretende dar a la relación comercial o contractual.

2. Obtención de información sobre el origen de los fondos del cliente. 3. Obtención de información sobre el origen del patrimonio del cliente. 4. Obtención de la aprobación de la alta gerencia para comenzar o continuar la relación comercial o contractual. 5. Intensificar la DDC continua del cliente. 6. Obtención de información adicional del cliente y actualización con mayor frecuencia de la información y documentos de identificación del cliente y beneficiario final. Esta mayor frecuencia puede estar determinada para cada nuevo acto, operación o transacción efectuada sobre un umbral monetario establecido.

f.11) Las medidas simplificadas pueden ser aplicadas a los clientes que operen con productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados de bajo riesgo.

f.12) Son medidas simplificadas de DDC, las siguientes:

1. Completar los datos de DDC mediante la utilización de terceras fuentes de información.

2. Postergar la obligación de verificar la información de identificación del cliente al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre un umbral monetario determinado.

3. Postergar la obligación de solicitar y verificar la información de identificación del beneficiario final, al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre el umbral determinado en la Política de Riesgo.

4. Reducir la frecuencia de la actualización de los datos de identificación del cliente. 5. Actualizar los datos de DDC en función de información obtenida de terceras fuentes. 6. Reducir la intensidad de la DDC continua del cliente. Esta menor intensidad puede estar determinada por un umbral monetario establecido. 7. Exención de la solicitud de antecedentes sobre el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

g.1) Todos los sujetos obligados deberán implementar las obligaciones relativas a la identificación de los beneficiarios finales contenidas en este capítulo.

g.2) Definiciones. Para los efectos de la aplicación de este capítulo se entenderá por:

Beneficiario final, a la persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica.

Participación, la circunstancia de determinadas personas naturales o jurídicas de acuerdo con las respectivas disposiciones legales vigentes, de ser propietarios de un porcentaje del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada.

Control efectivo, la capacidad de una persona natural de tomar decisiones relevantes e imponer dichas resoluciones en la persona jurídica o estructura jurídica, ya sea por poseer un número relevante de acciones, contar con la participación necesaria para designar y remover a la alta gerencia y directorio, y por disponer del uso, disfrute o beneficios de los activos propiedad de la persona jurídica o estructura jurídica, entre otras circunstancias. Este listado es a modo de ejemplo, y en ningún caso podrá entenderse como una enunciación taxativa.

Estructura jurídica, cualquier forma de organización jurídica que no corresponda a una persona jurídica con fines de lucro contemplada y regulada expresamente en el ordenamiento jurídico chileno vigente; por ejemplo, los fideicomisos, treuhand, trusts y fiducie constituidos en el extranjero, entre otros.

g.3) Los sujetos obligados deberán cumplir las siguientes obligaciones:

g.3.1) Identificación del beneficiario final: Los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de sus beneficiarios finales. Para este fin, los sujetos obligados deberán utilizar el formulario base dispuesto en el sitio www.uaf.cl, el cual podrá ser complementado con nuevos campos por los sujetos obligados, de acuerdo con las características y complejidad de los negocios que realicen. Este formulario deberá ser completado de buena fe por el cliente, ya sea de manera presencial o electrónica, según la disponibilidad tecnológica con que cuente el sujeto obligado.

g.3.2) Oportunidad: La obligación de solicitar la información sobre beneficiarios finales del cliente persona jurídica o estructura jurídica, a través de la solicitud de la declaración respectiva, deberá realizarse en las circunstancias descritas en el literal f.4).

g.3.3) Formalización del procedimiento: El procedimiento de solicitud de declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final deberá ser incorporado en el Manual de Prevención y Detección de cada sujeto obligado.

g.3.4) Revisión: El sujeto obligado deberá tomar medidas razonables para verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica referente a sus beneficiarios finales, pudiendo siempre solicitar al mismo cliente documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad de lo declarado por el cliente.

g.3.5) Registro: Los sujetos obligados deberán incorporar en la ficha de cliente la información de las personas jurídicas o estructuras jurídicas en que consten los datos por ellos aportados en relación con la identidad de los beneficiarios finales. Esta información deberá estar siempre a disposición de las autoridades competentes.

g.3.6) Personas Expuestas Políticamente (PEP): En caso de que el cliente persona jurídica o estructura jurídica declare como beneficiario final a una PEP, o bien así se determine por el sujeto obligado en el proceso de revisión y verificación de la información, se deberán igualmente implementar y ejecutar respecto del cliente persona jurídica o estructura jurídica todas las medidas de DDC previstas para las PEP.

g.3.7) Personas jurídicas y estructuras jurídicas extranjeras: En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras, el sujeto obligado deberá requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero y de sus representantes legales domiciliados en Chile, debiendo estos entregar toda la información sobre beneficiarios finales de dichas personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras.

g.3.8) Insuficiencia o falta de información: En caso de dilación injustificada o negativa del cliente persona jurídica o estructura jurídica en proporcionar la información o documentación requerida para identificar a sus beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán considerar dicha conducta como señal de alerta para evaluar el envío de un ROS a la UAF. Se entenderá que hay dilación injustificada transcurridos 40 días hábiles desde que ha sido requerido el formulario. Sin perjuicio de lo anterior, y como parte de las medidas de administración y mitigación de riesgos de los sistemas de prevención del LA/FT/FP de los sujetos obligados, estos podrán considerar abstenerse de establecer o mantener la relación de negocios, o de ejecutar una o más operaciones en los casos del inciso anterior, siempre que sus respectivas regulaciones legales así lo permitan.

h.1) Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de estas. La presente regulación dispone los mínimos a considerar por los sujetos obligados, los que, en consideración a su Política de Riesgos, podrán calificar dentro de esta categoría a otras personas, como también extender los plazos mínimos que hayan sido fijados.

h.2) Se incluyen en la categoría PEP a jefes(as) de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios(as) gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos(as) ejecutivos(as) de empresas estatales, así como a su cónyuge, conviviente civil y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos, nietos y hermanos), y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

h.3) Los sujetos obligados deberán calificar como PEP, a lo menos, a las siguientes personas:

• Presidente(a) de la República. • Senadores(as), diputados(as), alcaldes(as), concejales(as), administradores(as) y directores(as) de obras municipales. • Ministros(as) de la Corte Suprema, ministros(as) de Cortes de Apelaciones y jueces/juezas de primera instancia. • Ministros(as) de Estado, subsecretarios(as), gobernadores(as), delegados(as)

presidenciales, consejeros(as) regionales, secretarios(as) y asesores(as) regionales ministeriales, embajadores(as), cónsules, jefes(as) superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados, y la o el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. • Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director(a) General de Carabineros, director(a) General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo. • Fiscal nacional del Ministerio Público, fiscales regionales y fiscales adjuntos. • Fiscal nacional económico. • Contralor(a) General de la República y contralores(as) Regionales. • Consejeros(as) del Banco Central de Chile. • Consejeros(as) del Consejo de Defensa del Estado. • Ministros(as) del Tribunal Constitucional. • Ministros(as) del Tribunal de la Libre Competencia. • Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública. • Consejeros(as) del Consejo de Alta Dirección Pública. • Directores(as) y ejecutivos(as) principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº18.045. • Directores(as) de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. • Miembros de las directivas de los partidos políticos.

h.4) Los sujetos obligados deberán implementar medidas para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final, es o no PEP. Además, deberán ejecutar, respecto de estas personas, medidas reforzadas de DDC, entre las que se encuentran:

1. Obtener y exigir aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con una PEP, o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición.

2. Tomar medidas razonables para definir la fuente del patrimonio, la fuente de los fondos con los que operan los clientes y beneficiarios finales identificados como PEP, y el propósito de la operación.

3. Implementar procedimientos y medidas de DDC continua intensificada sobre la relación comercial establecida con una PEP.

i.1) Todos los sujetos obligados que provean el servicio de transferencias electrónicas de fondos y activos, sean transfronterizas o nacionales, incluyendo aquellas definidas en la Ley N°21.521, deberán incorporar información precisa y significativa del ordenante y del beneficiario, respecto de toda transacción de USD 1.000 o más, a los mensajes relacionados enviados junto con lo transferido, debiendo verificar que esta sea exacta y conservarla por un plazo mínimo de cinco años en el registro respectivo.

i.2) La información a incorporar a la transferencia y registrar es la siguiente:

1. Monto, moneda o activo y fecha de la transacción. 2. Nombre o razón social del ordenante. 3. Número de cuenta del ordenante, cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción. 4. Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y residentes, o de pasaporte o similar documento de identificación para extranjeros no residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o similar, si es extranjera. 5. Domicilio del ordenante. 6. Nombre o razón social del beneficiario. 7. Número de cuenta del beneficiario cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción.

i.3) Se encuentran exceptuadas de la presente obligación las siguientes operaciones:

1. Transferencias que deriven de una transacción realizada utilizando tarjeta de crédito, débito o tarjetas de pago con provisión de fondos, siempre que el número de dicha tarjeta acompañe todas las transferencias derivadas de la transacción. Sin embargo, si las tarjetas se utilizan como medio de pago de una transferencia de dinero, la presente instrucción será plenamente aplicable.

2. Transferencias y liquidaciones efectuadas entre instituciones financieras, cuando tanto el ordenante como el beneficiario sean las instituciones financieras que actúen en su propio nombre.

i.4) Las instituciones remisoras deberán acompañar a la transferencia toda la información recopilada.

i.5) Las instituciones receptoras de fondos o activos transferidos deberán adoptar todas las medidas de resguardo, con el objetivo de aislar y gestionar las operaciones que no cumplan con el envío de la información obligatoria por parte de la entidad remisora, debiendo determinar, en función del riesgo asociado, liquidar, rechazar, anular o suspender la transferencia de fondos o activos.

j.1) Todos los sujetos obligados deberán contar con un Manual de Prevención y Detección del LA/FT/FP que contenga las políticas y procedimientos para prevenir tales actos ilícitos.

j.2) El Manual deberá ser actualizado a lo menos cada dos años, y ser entregado, en el formato que cada sujeto obligado defina, a todos sus trabajadores y trabajadoras, debiendo existir constancia de aquello. La periodicidad de actualización será sin perjuicio de la existencia de cambios en la regulación legal o en las instrucciones impartidas por la UAF, ajustes que deberán ser introducidos al Manual lo antes posible por los sujetos obligados, una vez que dichos cambios entren en vigor.

j.3) El Manual de Prevención y Detección deberá haber sido aprobado por la más alta instancia directiva del sujeto obligado, y contemplar los siguientes puntos:

1. Organización interna del sistema de prevención del LA/FT/FP. 2. Políticas y procedimientos de DDC, de identificación de los beneficiarios finales y de las PEP. 3. Política de riesgos de LA/FT/FP del sujeto obligado, identificando las amenazas y vulnerabilidades y el impacto de estas, para determinar su exposición a riesgos altos, medios y bajos. 4. Política y procedimiento de prevención y detección de operaciones sospechosas y de reporte oportuno y reservado a la UAF, de acuerdo con lo previsto en la Ley N°19.913. 5. Procedimiento de revisión de las Listas de Sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 6. Procedimiento de revisión de las listas de países y jurisdicciones de riesgo, según se especifica en el Capítulo K. 7. Procedimiento de reporte inmediato a la UAF, en el caso de detectar casos positivos en la revisión señalada en el numeral 5 precedente.

k.1) Los sujetos obligados deberán aplicar medidas reforzadas de DDC a las transacciones que eventualmente realicen con países o jurisdicciones que se encuentren bajo proceso de seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el LA/FT/FP. Adicionalmente, deberán aplicar contramedidas a las transacciones que eventualmente realicen con países o jurisdicciones cuando el GAFI haga un llamado en ese sentido.

k.2) Los sujetos obligados deberán guardar especial observancia a las transacciones que realicen con países o jurisdicciones que se encuentren en el listado publicado por el Servicio de Impuestos Internos, sobre países y jurisdicciones que se considere que tienen un régimen fiscal preferencial.

k.3) Las listas de países y jurisdicciones bajo seguimiento por deficiencias estratégicas del GAFI, como aquellos con régimen fiscal preferente estarán disponibles en el sitio www.uaf.cl k.4) La información obtenida derivada del proceso de revisión de los datos y de las listas deberá ser analizada, a objeto de determinar si procede informar de la operación a la UAF a través de un ROS.

l.1) Los sujetos obligados deberán capacitar a todos sus colaboradores sobre cómo prevenir y detectar el LA/FT/FP una vez al año.

l.2.) De las capacitaciones efectuadas se deberá dejar constancia de la modalidad y fecha de realización, nombre y forma de participación de todos los asistentes en un registro, incluido el oficial de cumplimiento, debiendo considerarse como contenidos mínimos el Manual de Prevención y Detección de la entidad y la Guía de Señales de Alerta de la UAF.

SEGUNDO: Los sujetos obligados podrán utilizar medios electrónicos para la implementación y cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en la presente Circular.

TERCERO: Todas las instrucciones impartidas por la presente Circular serán objeto de fiscalización por parte de la UAF, en conformidad con las directrices y lineamientos fijados en la Política de Supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos de LA/FT/FP de la UAF. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Circular podrá ser sancionado en los términos previstos en el Título II “De las Infracciones y Sanciones” de la Ley N°19.913, y en conformidad con la Política Sancionatoria de la UAF.

CUARTO: Se derogan las Circulares UAF N° 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 40, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

QUINTO: La Unidad de Análisis Financiero deberá mantener publicado en el sitio www.uaf.cl el texto refundido y actualizado de la presente Circular, incorporando todas aquellas que en el futuro la modifiquen.

SEXTO: La presente Circular entrará en vigor el 1 de junio de 2025. Las instrucciones impartidas en el Capítulo I “De las Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos”, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2025 para todos los sujetos obligados que provean servicios regulados en la Ley N°21.521. SÉPTIMO: A los procedimientos administrativos sancionatorios fundados en fiscalizaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Circular, les resultará aplicable lo dispuesto en las circulares que se encontraban vigentes al momento de la fiscalización.

Carlos Firmado digitalmente

Alfredo por Carlos Alfredo Pavez

Pavez Tolosa Fecha:

Tolosa 2025.03.19 09:32:44 -03'00'

CARLOS PAVEZ TOLOSA Director

Unidad de Análisis Financiero