CAC-12 — Prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en las cooperativas de ahorro y crédito

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CAPÍTULO CAC-12

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Las cooperativas de ahorro y crédito, en adelante las cooperativas, por la naturaleza de sus funciones, pueden ser utilizadas para intentar legitimar activos provenientes del narcotráfico o de otras operaciones ilícitas, o que sean empleados, por ejemplo, para obtener materiales y/u otros elementos logísticos para desarrollar actos de terrorismo.

Además, se debe tener en cuenta que tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo dan origen a riesgos de reputación, operativos y legales a que puede exponerse una cooperativa, comprometiendo su estabilidad y viabilidad económica.

La debida diligencia en las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan esas entidades por cuenta de sus socios y terceros hace necesario identificar aquellas que tienen un origen legítimo, de las que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos o financiar acciones terroristas.

Con tal propósito, las cooperativas deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus socios y terceros, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan. Asimismo, deben interiorizarse sobre los fundamentos en que se apoyan esas operaciones cuando no sean concordantes con el giro o profesión de éstos o, aun siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto y/o su frecuencia.

Cabe mencionar que las directrices contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y no proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) se han venido construyendo a partir de la adopción de una reglamentación internacional. Esta reglamentación está plasmada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el documento “Debida diligencia con la clientela de los bancos”, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

A lo antes mencionado se suman las iniciativas de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, creada mediante el Decreto N°1724 del Ministerio de Hacienda, publicado en el D.O el 19 de noviembre de 2015, que institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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El marco jurídico chileno para las actividades desarrolladas por estas entidades bajo la fiscalización de la Comisión está conformado por la Ley General de Cooperativas (DFL N°5, publicado el 17 de febrero de 2004) y ciertas disposiciones de la Ley General de Bancos, como también, debe atenerse a las normas contenidas en el Capítulo III.C.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile. Adicionalmente, en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, las cooperativas deben cumplir con otras disposiciones de carácter general emanadas de leyes de la República, como es el caso de la Ley N°19.913 de fecha 18 de diciembre de 2003, que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo que en virtud del cumplimiento de su objetivo emite normativa a la cual las cooperativas deben ceñirse.

La citada Ley Nº19.913 establece que las personas naturales y las personas jurídicas que se indican en su artículo 3°, están obligadas a reportar las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, entre las cuales están los bancos e instituciones financieras.

Por las características de sus funciones, las cooperativas de ahorro y crédito quedan comprendidas entre las referidas instituciones financieras.

Asimismo, esa ley define por operación sospechosa, todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.

La misma ley dispone que esas entidades están obligadas a reportar operaciones sospechosas, a mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años e informar a la UAF cuando esta lo requiera, de toda operación en efectivo superior al equivalente a 10.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. Asimismo, deben informar todos los actos, transacciones u operaciones que se indican en el artículo 38 de la Ley N°19.913, referidas a personas naturales o jurídicas que sean señaladas en los listados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las disposiciones señaladas en este Capítulo, así como la normativa impartida por la UAF a la que se remite, son las mínimas para la adopción de un sistema sobre prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que deben observar las cooperativas de ahorro y crédito que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 87 de la citada ley de cooperativas, quedan sometidas a la fiscalización y control de esta Comisión.

Para los efectos del presente Capítulo, en adelante se denominará “clientes” a todas las personas naturales y jurídicas con las cuales la entidad establece o mantiene una relación de origen legal o contractual. Lo anterior, como consecuencia de la incorporación de tales personas como socio o clientes y de la prestación de un servicio o contratación de un producto, ofrecido en el marco de las actividades propias de su giro y de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. Esta relación puede ser ocasional o habitual.

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En el contexto del compromiso de cooperación entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica para combatir la evasión tributaria de sus nacionales, las autoridades de ambos países firmaron un Acuerdo Intergubernamental (IGA) al amparo del Tratado para evitar la Doble Tributación, de 4 de febrero de 2010, con el objeto de establecer la forma de cumplimiento de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) por parte de los bancos y otras entidades financieras obligadas a reportar por esta ley.

El cumplimiento de la ley FATCA involucra que las entidades financieras deben registrarse ante el U.S. Internal Revenue Service (IRS) y reportarle anualmente la información relativa a las “US Accounts” requerida para fines de tributación en Norteamérica.

Lo anterior obliga a las cooperativas que tuvieren como clientes a nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, a efectuar un due dilligence para identificar y reportar las “US accounts” en los términos descritos en el IGA y contar con procesos operativos y tecnológicos adecuados para el cumplimiento del Acuerdo.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva está fundado en el concepto de “conozca a su cliente”.

Los principales componentes del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva, dicen relación con la existencia de un marco de políticas y procedimientos; el cual debe estar contenido en el Manual de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que se aborda más adelante; la existencia y rol de un comité de prevención y de un Oficial de Cumplimiento; el conocimiento del cliente; la función de cumplimiento; la existencia de procedimientos de control para la detección, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas; políticas de conducta y capacitación del personal sobre la materia; y de una función de auditoría interna.

El Consejo de Administración deberá aprobar el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, considerando al menos, todos los componentes señalados precedentemente.

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Manual de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Las políticas y procedimientos ya explicitados deben constar en un manual de prevención y detección para conocimiento general dentro de la cooperativa, el cual incluirá las políticas sobre la materia, las cuales deben diferenciar claramente los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) dado que existen diferencias importantes entre ellos, razón por la cual las cooperativas deben tomar las precauciones necesarias para que puedan estar debidamente identificados. El manual deberá contar con la aprobación del Consejo de Administración y considerará, al menos, lo señalado en el Título J de la Circular N°62 de la UAF.

Este manual debe permanecer actualizado y para su confección, se deben considerar las disposiciones contenidas en el N°3 del Título II del Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) para bancos, en lo que les resulte aplicable.

Es obligación no delegable de la cooperativa identificar y conocer a sus clientes, y realizar una debida diligencia sobre ellos, considerando lo establecido en el Título F de la Circular N°62 de la UAF, el cual contempla una serie de medidas fundamentales, las cuales deben ser abordadas desde una perspectiva prudencial, vale decir, que se configure como un mecanismo de gestión eficaz de los riesgos a los cuales está expuesta una entidad y no sólo sea una herramienta orientada a la prevención formal.

Cabe señalar que en dicha normativa se define la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) como el proceso de identificación y conocimiento del cliente, con la finalidad de entender el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional, usando dicho conocimiento para la prevención del LA/FT/FP. Se trata de un proceso continuo de análisis de la conducta de los clientes.

La debida diligencia y conocimiento del cliente comienza desde el momento en que, con motivo de pedir la incorporación como socio o de solicitar una operación, éste se vincula con la entidad. Por lo tanto, la cooperativa requiere la elaboración de políticas y procedimientos de aceptación, identificación y verificación de información, que deberán tener en cuenta, entre otros factores: los antecedentes del solicitante (RUT, domicilio, teléfono, poderes legales cuando se represente a un tercero, escrituras sociales cuando corresponda, etc.); actividad que desarrolla; y monto de la operación (deberá solicitar declaración de origen de los fondos involucrados y acompañar documentación que la sustente, cuando el monto de una operación supere el umbral menor entre el dispuesto por la Ley 19.913 y el reglamentado internamente). Para el caso de los clientes que son personas o estructuras jurídicas, las cooperativas deben entender plenamente la naturaleza del negocio y su estructura accionaria y de control, así como también considerar las evaluaciones de riesgo sectoriales que indique la UAF. Si se trata de una persona expuesta

Hoja 5 políticamente o pasa a esa condición durante el transcurso de la relación comercial, deberá contar con la aprobación de la alta administración.

Las cooperativas deberán considerar las instrucciones impartidas en la citada Circular N°62 de la UAF, para la implementación de los distintos parámetros de una DDC, las que podrán ser reforzadas o simplificadas, en función de sus riesgos, además de considerar aquellos aspectos particulares requeridos en lo que respecta a beneficiario final, a personas expuestas políticamente (PEP), mantención de registros, transferencias electrónicas de fondos y demás aspectos que les resulten pertinentes, tratados en el N°2 del Título II del Capítulo 1-14 de la RAN para bancos.

El Oficial de Cumplimiento deberá ser un funcionario de alta responsabilidad dentro de la entidad, tal como gerente de área, división o cargo similar, independiente de las áreas tomadoras de riesgo, operativa y de auditoría interna; cuya responsabilidad principal será mantener el control de las operaciones de los clientes con la cooperativa, la observancia de las instrucciones del manual de prevención y detección de LA/FT/FP, el conocimiento de los casos sospechosos y su comunicación a las instancias que corresponda. Además, de considerar las directrices señaladas en el Título B de la Circular N°62 de la UAF.

Las cooperativas podrán incluir en las funciones del Oficial de Cumplimiento, cuando sea el caso, las labores relativas a la ley FATCA.

De acuerdo con el tamaño y naturaleza de la entidad, el Oficial de Cumplimiento deberá contar con recursos humanos y tecnológicos adecuados para cumplir con su misión. Para este objetivo, deberá tener acceso a todas las operaciones y transacciones que realice la cooperativa, así como a toda la documentación y antecedentes pertinentes.

Las cooperativas deben desarrollar procedimientos de control, con el propósito de identificar y detectar operaciones sospechosas. Dichos procedimientos deberán ser capaces de monitorear las transacciones realizadas por sus clientes a través de los diversos productos, prestando especial atención a aquellas que se efectúen con dinero en efectivo.

Asimismo, deberán desarrollar y proveer a las instancias encargadas de ejecutar los servicios a los clientes de una lista de “señales de alerta” que les sirvan para detectar operaciones sospechosas o conocer operaciones sobre las cuales deben tener especial prudencia.

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Las operaciones sospechosas identificadas a través de estos sistemas de control deberán ser reportadas al funcionario responsable de la evaluación de dichas operaciones, en un formulario especialmente diseñado.

Identificada una operación sospechosa, la que ha sido definida en el Título I de este Capítulo, la cooperativa está obligada a reportar dicha operación a la UAF en los términos indicados para ello en el Título C de la Circular N°62 de dicha entidad.

Las cooperativas deberán considerar en la detección y tratamiento de operaciones sospechosas, en lo que les resulte aplicable, las disposiciones indicadas en el numeral 6 del Título II del Capítulo 1-14 de la RAN de bancos.

Las cooperativas deben disponer de normas de conducta que orienten la actuación de cada uno de sus funcionarios para el adecuado desarrollo del sistema de prevención de LA/FT/FP adoptado y prevenir y resolver conflictos de intereses que pudieran surgir con sus clientes.

Las cooperativas deben desarrollar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus empleados sobre las normas vigentes en materia de prevención LA/FT/FP, sus políticas y los procedimientos en uso establecidos al respecto.

Estos programas deberán comprender a todo el personal de la cooperativa, deberán ser periódicos y se orientarán principalmente a los funcionarios de áreas de atención a público y a la función de cumplimiento.

El sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva es responsabilidad de cada cooperativa y debe ser periódicamente evaluado por su auditoría interna, sobre la base de procedimientos definidos por la entidad, aprobados por el Consejo de Administración.

La evaluación de las temáticas contempladas en este Capítulo es parte del proceso de supervisión que realiza este Organismo acorde al Capítulo CAC-10 de esta Recopilación.