RAN 1-14 — Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva

Hoja 1

CAPÍTULO 1-14

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Las instituciones bancarias, por la naturaleza de sus funciones, pueden ser utilizadas para depositar y transferir fondos, cuyo objetivo sea intentar legitimar activos provenientes del narcotráfico o de otras operaciones ilícitas, o que sean utilizados, por ejemplo, para obtener materiales y/u otros elementos logísticos necesarios para el financiamiento del terrorismo.

Además, se debe tener en cuenta que tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo dan origen a riesgos de reputación, operativos y legales a que puede exponerse una entidad financiera, comprometiendo su estabilidad y viabilidad económica.

La debida diligencia en las transacciones y transferencias de fondos que diariamente ejecutan las instituciones bancarias por cuenta de sus clientes hace necesario identificar aquellas que tienen un origen legítimo de las que se pretenden realizar con la finalidad de encubrir negocios ilícitos o financiar acciones terroristas.

Con tal propósito, los bancos deben adoptar precauciones para tener un adecuado conocimiento de sus clientes, de las actividades que desarrollan y de las características más relevantes de las operaciones que éstos realizan. Asimismo, deben interiorizarse sobre los fundamentos en que se apoyan esas operaciones cuando no sean concordantes con el giro o profesión del cliente o, aun siéndolo, parezcan desmedidas o inusuales, sea por su monto, su frecuencia, o sus destinatarios, en el caso de transferencias de fondos.

Cabe mencionar que las directrices contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) se han venido construyendo a partir de la adopción de una reglamentación internacional. Esta reglamentación que, en lo principal, es atingente al sector bancario, está plasmada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en los documentos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y en las buenas prácticas de otros organismos internacionales.

A lo antes mencionado se suman las iniciativas de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, creada mediante el Decreto N°1724 del Ministerio de Hacienda, publicado en el D.O el 19 de noviembre de 2015, que institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Hoja 2

El marco jurídico chileno para las actividades desarrolladas por las entidades bajo la supervisión de esta Comisión está conformado por las disposiciones contenidas en la Ley General de Bancos y por instrucciones de este Organismo. No obstante, en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, las entidades bancarias también deben cumplir con otras disposiciones de carácter general emanadas de leyes de la República, como es el caso de la Ley N°19.913 de fecha 18 de diciembre de 2003, que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo que en virtud del cumplimiento de su objetivo emite normativa a la cual los bancos deben ceñirse.

La citada ley Nº19.913 establece que las personas naturales y las personas jurídicas que se indican en su artículo 3° están obligadas a reportar las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, entre las cuales están los bancos y otras entidades supervisadas por esta Comisión.

Asimismo, define por operación sospechosa, todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.

De acuerdo con dicha ley, los bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas, a mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años e informar a la UAF cuando esta lo requiera, de toda operación en efectivo, incluidos los depósitos que se realicen en cuentas bancarias, superior al equivalente a 10.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. Asimismo, deben informar todos los actos, transacciones u operaciones que se indican en el artículo 38 de la Ley N° 19.913, referidas a personas naturales o jurídicas que sean señaladas en los listados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En todo caso, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Bancos acerca de la reserva y secreto bancario y en el artículo 6° de la Ley N°19.913, sobre prohibición de informar al afectado o a terceras personas sobre la información enviada a la UAF u otros antecedentes al respecto.

Las disposiciones señaladas en este Capítulo son las mínimas que deben observar los bancos para la adopción de un sistema sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y su cumplimiento forma parte de la evaluación que lleva a cabo este Organismo sobre la gestión integral de riesgos, sin perjuicio de las sanciones que puede imponer en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Bancos.

En el contexto del compromiso de cooperación entre Chile y Estados Unidos de Norteamérica para combatir la evasión tributaria de sus nacionales, las autoridades de ambos países firmaron un Acuerdo Intergubernamental (IGA) al amparo del Tratado para evitar la Doble Tributación, de 4 de febrero de 2010, con el objeto de establecer la forma de cumplimiento de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) por parte de los bancos y otras entidades financieras obligadas a reportar por esta ley.

Hoja 3

El cumplimiento de la ley FATCA involucra que los bancos deben registrarse ante el U.S. Internal Revenue Service (IRS) y reportarle anualmente la información relativa a las “US Accounts” requerida para fines de tributación en Norteamérica.

Lo anterior obliga a los bancos a efectuar un due dilligence para identificar y reportar las “US accounts” en los términos descritos en el IGA, y contar con procesos operativos y tecnológicos adecuados para el cumplimiento del Acuerdo.

Para los efectos de este Capítulo, son clientes todas las personas naturales y jurídicas con las cuales la entidad establece o mantiene una relación de origen legal o contractual, como consecuencia de la prestación de un servicio o contratación de un producto, ofrecido en el marco de las actividades propias de su giro y de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias. Esta relación puede ser ocasional o habitual.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Condiciones generales de un sistema para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva está fundado en el concepto de “conozca a su cliente”.

Los principales componentes de este sistema dicen relación con la existencia de un marco de políticas y procedimientos, el cual debe estar contenido en el Manual de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que se trata más adelante, la presencia de un Oficial de Cumplimiento, la creación de un comité de prevención, la existencia de herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, la definición de políticas relacionadas con selección de personal y capacitación, la existencia de un código de conducta interno y de una función de auditoría independiente.

El Directorio deberá aprobar el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, considerando, al menos, todos los componentes señalados precedentemente. El sistema deberá ser acorde al volumen y complejidad de las operaciones de la entidad, incluidas sus filiales y sociedades de apoyo al giro cuando corresponda, y de la presencia internacional que pudiera tener. A su vez, deberá recibir información periódica sobre las operaciones analizadas, las acciones realizadas sobre ellas, aquellas informadas a la UAF y también sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.

Si el banco tiene sucursales o filiales en el exterior, el Directorio deberá velar porque las leyes y regulaciones del país anfitrión permitan cumplir adecuadamente las exigencias establecidas en este Capítulo. En el caso que ello no sea posible, deberá informarlo a esta Comisión, junto con las medidas que se adopten para mitigar dicha situación.

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Es obligación no delegable del banco identificar y conocer a sus clientes y realizar una debida diligencia sobre ellos, considerando lo establecido en el Título F de la Circular N°62 de la UAF, el cual contempla una serie de medidas fundamentales, las cuales deben ser abordadas desde una perspectiva prudencial, vale decir, que se configure como un mecanismo de gestión eficaz de los riesgos a los cuales está expuesta una entidad y no sólo sea una herramienta orientada a la prevención formal.

Cabe señalar que en dicha normativa se define la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC) como el proceso de identificación y conocimiento del cliente, con la finalidad de entender el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional, usando dicho conocimiento para la prevención del LA/FT/FP. Se trata de un proceso continuo de análisis de la conducta de los clientes.

Las medidas que definen el proceso de DDC se pueden sintetizar en las siguientes acciones:

(a) Identificar al cliente y verificar su identidad utilizando para ello documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes.

(b) Identificar al beneficiario final y tomar todas las medidas razonables necesarias para verificar su identidad, de manera tal que el banco esté convencido de que conoce quién es éste, en concordancia con las disposiciones establecidas en el Título G de la Circular N°62 de la UAF. Para el caso de personas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que el banco entienda la estructura de titularidad y de control del cliente, identificando a la o las personas naturales que ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de dichas entidades.

(c) Entender y obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

(d) Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, para que aquellas que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene el banco sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.

La debida diligencia y conocimiento del cliente comienza desde el momento en que, con motivo de una operación, éste se vincula con la entidad bancaria. Por lo tanto, el banco requiere la elaboración de políticas y procedimientos de aceptación e identificación de clientes, y verificación de información, los que deberán tener en cuenta, entre otros factores, los antecedentes del cliente; perfil de riesgo; monto y origen de los fondos involucrados; el país de origen de éstos y si dicho país cumple con los estándares mínimos de aceptación exigidos; y sus relaciones societarias u otros indicadores de riesgo. Para el caso de los clientes que son personas o estructuras jurídicas, los bancos deben entender plenamente la naturaleza del negocio y su estructura accionaria y de control. Si se trata de una persona expuesta políticamente o pasa a esa condición durante el transcurso de la relación comercial, deberá contar con la aprobación de la alta administración.

Hoja 5

Para una adecuada identificación de los clientes que no mantengan una cuenta corriente con la institución, pero que habitual u ocasionalmente realicen operaciones con el banco, se recomienda al menos aplicar las exigencias establecidas al respecto en el Capítulo 2-2 de esta Recopilación. No obstante, considerando la naturaleza, características y nivel de riesgo de los productos y servicios que contraten con éste, podrán omitirse ciertos requisitos como, por ejemplo, la exigencia de una fotografía del cliente y la impresión digital. Las políticas deberán referirse a los procedimientos que deben aplicarse en estos casos.

Asimismo, los bancos deberán considerar las instrucciones impartidas en los Títulos F y K de la citada Circular N°62 de la UAF, para la implementación de los distintos parámetros de una DDC, las que podrán ser reforzadas o simplificadas, en función del riesgo de los clientes, productos, servicios u otros.

Con la información obtenida, se deberán elaborar perfiles de clientes, que permitan determinar en forma aproximada, el volumen y tipo de operaciones que harán éstos en el futuro.

Para los casos de operaciones no habituales o cuando se trate de clientes ocasionales o expuestos políticamente, el banco deberá exigir una declaración sobre el origen de los fondos, cuando corresponda a una operación que supere el umbral menor entre el definido por la Ley N°19.913 y el reglamentado internamente. Esa declaración deberá acompañarse con documentación que la sustente.

Se entenderá como personas expuestas políticamente (PEP), a los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de éstas. Se incluyen en esta categoría los jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, conviviente civil y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

De acuerdo con lo anterior, se entiende que en Chile los bancos deberán calificar como PEP, sin que este enunciado sea taxativo, a lo menos, a las siguientes personas:

- Presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales, administradores y directores de obras municipales.

- Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia.

- Ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, consejeros regionales, secretarios y asesores regionales ministeriales, embajadores, cónsules, jefes superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

Hoja 6

- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones y todo el alto mando respectivo.

- Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley Nº18.045.

- Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. - Miembros de las directivas de los partidos políticos. - Fiscal Nacional del Ministerio Público, Fiscales Regionales y Fiscales adjuntos. - Fiscal Nacional Económico. - Contralor General de la República y Contralores Regionales. - Consejeros del Banco Central de Chile. - Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. - Ministros del Tribunal Constitucional. - Ministros del Tribunal de la Libre Competencia. - Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública. - Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.

Los elementos mínimos que las instituciones deben considerar para la relación con PEP se encuentran contenidos en el Capítulo 1-16 de la RAN, las cuales se sustentan en lo dispuesto en el Título H de la Circular N°62 de la UAF.

La definición de beneficiario final para efectos de este Capítulo deberá considerar aquella establecida en el Título G de la Circular N°62 de la UAF, al igual que las correspondientes instrucciones sobre las obligaciones de identificación, obtención de declaraciones, verificación y registro de datos de éstos para personas y estructuras jurídicas que en ella se señalan, así como también considerar las evaluaciones de riesgo sectoriales que indique dicho Organismo.

En dicha normativa se define como beneficiario final a la persona natural que finalmente posee, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica.

Cabe agregar que para personas y estructuras jurídicas, incluidas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), deberá demostrarse la existencia de la sociedad o entidad, según sea el caso, mediante copias de las escrituras e inscripciones correspondientes, la identificación de los propietarios o fundadores de la empresa o institución - accionistas o socios - y de las personas que componen su nivel directivo y los cargos que ocupan, de acuerdo con el tipo de entidad de que se trate, incluidas aquellas personas que pueden disponer de sus recursos. Asimismo, deberán identificarse sus representantes legales, las actividades que desarrolla la entidad, su dirección, números telefónicos y demás información de contacto.

Hoja 7

Especial atención se deberá tener en el caso de transferencias de fondos, sean transfronterizas o nacionales, en cuanto a identificar, con información precisa y significativa, al ordenante y al beneficiario respecto de toda transacción igual o superior al equivalente a 1.000 dólares de Estados Unidos de América. Para dichos efectos, se deben considerar las instrucciones indicadas en el Título I de la Circular N°62 de la UAF, así como las directrices sobre su aplicación que dicho servicio imparta en el marco de un enfoque basado en riesgos, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N°19.913; además de las instrucciones generales sobre identificación y respaldo de tales operaciones, contenidas en el Capítulo 1-7 de esta Recopilación.

Por su importancia requiere especial atención la banca corresponsal. En efecto, en lo que se refiere a las relaciones de corresponsalía y otras con la banca transnacional, las instituciones financieras, entre otros factores, además de aplicar las medidas sobre DDC ya señaladas, deberán: i) reunir información suficiente sobre los bancos con los cuales mantengan cualquier tipo de relación que les permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios que éstos desarrollan y verificar la reputación y la calidad de su supervisión; ii) evaluar las políticas y procedimientos aplicados para detectar operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; iii) documentar las respectivas responsabilidades de cada institución, cuando sea del caso; y, iv) obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales.

En todo caso, los bancos no deberán establecer relaciones comerciales o efectuar operaciones con bancos denominados como pantallas o ficticios.

La entidad financiera deberá mantener actualizados los antecedentes de sus clientes en el curso de su relación comercial, de modo de asegurarse que los datos de identificación y financieros estén siempre al día. Lo anterior, con el objeto de que les permita asegurar que las operaciones que realizan esos clientes son coherentes con la actividad, sus negocios y su perfil de riesgo.

La institución debe prevenir al cliente de su obligación de actualizar, a lo menos anualmente, los datos que varíen, según el producto o servicio de que se trate, suministrando los antecedentes correspondientes. Asimismo, esta deberá verificar y asegurarse, por los medios que estime más adecuados, que la información sobre la identificación entregada por los clientes corresponda a la realidad. Si existieren dudas sobre su veracidad o el cliente impidiere su adecuada identificación, el banco deberá evaluar el término de la relación comercial y emitir un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UAF.

Hoja 8

Manual de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Las instituciones financieras deben contar con un manual que establezca las políticas y procedimientos que deben aplicar para evitar verse envueltas o servir de medio para la facilitación o realización de operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), el cual deberá contar con la aprobación del Directorio. El contenido del manual deberá considerar, al menos, lo señalado en el Título J de la Circular N°62 de la UAF.

Dichas políticas y procedimientos son la base para establecer y poner en práctica un adecuado sistema de prevención y detección de LA/FT/FP.

Los elementos esenciales que deben contemplar las políticas corresponden, a lo menos, a los siguientes:

- La organización interna del sistema de prevención de LA/FT/FP, indicando los roles y responsabilidades que le corresponden a todo el personal del banco, de forma que su cumplimiento pueda ser objeto de revisión

- La debida diligencia y conocimiento de su cliente, desarrollo de adecuados métodos de vigilancia y relaciones con la banca corresponsal. Además, deben estar claramente identificados los roles y responsabilidades que le corresponden a todo el personal del banco, de forma que su cumplimiento pueda ser objeto de revisión.

De igual forma, las políticas de prevención y detección que establezcan los bancos deben diferenciar claramente los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), dado que existen diferencias importantes entre ellos, razón por la cual deben tomar las precauciones necesarias para que puedan estar debidamente identificados.

En particular para el caso del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, los sistemas preventivos de las entidades deben tener como objetivo detectar los actos, operaciones o transacciones sospechosas de proveer fondos con la finalidad de ser utilizados en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas incluidos en la ley N°21.732, así como los que resulten sospechosos de ser solicitados o recaudados para estos mismos fines, además de aquellas operaciones en que actúen personas naturales o jurídicas que sean señaladas en los listados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dichos listados se encuentran disponibles en la web de la UAF y las entidades deben considerar la permanente revisión y monitoreo de ellas, de manera de poder reportar de inmediato una operación sospechosa cada vez que se detecte a una persona, empresa o entidad que esté mencionada en alguna de ellas.

Asimismo, se deben considerar los tipos OSFL que presenten mayores riesgos de abuso con fines de LA/FT/FP, de acuerdo con las evaluaciones de riesgo sectoriales que indique la UAF, así como los criterios adicionales que defina cada institución.

Hoja 9

El manual debe permanecer actualizado, es decir, debe considerar las medidas que adopte la entidad para la prevención y detección de la materia, e incluir los nuevos productos y servicios que ofrezcan. En estos últimos se deben evaluar los riesgos asociados previo a su lanzamiento, así como las nuevas tecnologías en que se sustenta su oferta, considerando el uso de los desarrollos tecnológicos que permiten también poner a disposición de los clientes productos y servicios preexistentes, además de considerar las nuevas disposiciones que la UAF establezca para los sujetos obligados. Asimismo, deben contemplarse pautas relativas al análisis que debe hacerse de las transacciones que realicen sus clientes, particularmente cuando ellas no coincidan con la actividad o giro conocido de éstos, sea por su monto, frecuencia, destinatarios, remitentes, etc.

Por otra parte, para el caso de detección de operaciones que merezcan sospechas, deben establecerse procedimientos específicos que consideren el discreto manejo y recopilación de los antecedentes y las etapas y plazos que se deben seguir para informar tales operaciones a quien corresponda.

El manual también deberá contener procedimientos para el adecuado seguimiento de sus clientes, los que deben ser diferenciados en función del nivel de riesgo de estos. En este ámbito, también se deben considerar las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales o jurídicas de o en países que apliquen de manera insuficiente las recomendaciones del GAFI. Para los clientes que estén dentro de la categoría de políticamente expuestos o para personas que, de acuerdo con su perfil, pudieran estar expuestas a ser utilizadas para el lavado de activos, corresponderá desarrollar un sistema especial de seguimiento de sus operaciones.

El Oficial de Cumplimiento deberá ser un funcionario de alta responsabilidad dentro de la entidad, tal como gerente de área o división, independiente de las áreas tomadoras de riesgo, operativa y de auditoría interna; cuya función y responsabilidad principal será mantener una coordinación interna respecto de la vigilancia de las operaciones de los clientes con la entidad y sus filiales, la observancia de las instrucciones del Manual de Prevención y Detección, el conocimiento de los casos sospechosos y su comunicación al Comité de Prevención de LA/FT/FP, además, de considerar las directrices señaladas en el Título B de la Circular N°62 de la UAF.

El banco podrá incluir en las funciones del Oficial de Cumplimiento, las relativas a las labores que impone la ley FATCA.

De acuerdo con el tamaño y naturaleza de la entidad, el Oficial de Cumplimiento deberá contar con recursos humanos y tecnológicos adecuados para cumplir con su misión. Para este objetivo, el Oficial de Cumplimiento deberá tener acceso a todas las operaciones y transacciones que realice el banco, así como a toda la documentación y antecedentes pertinentes.

Hoja 10

Comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Dependiendo de su tamaño, la institución deberá constituir un Comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Es deseable que este Comité esté integrado por a lo menos un director (no exigible para sucursal de entidad extranjera), el gerente general, a lo menos un gerente de área, el fiscal y el Oficial de Cumplimiento.

Entre sus funciones estará la de planificar y coordinar las actividades de cumplimiento de las políticas y procedimientos sobre las materias definidas por la entidad, relacionadas con aquellas de que trata este Capítulo. Además, deberá tomar conocimiento de la labor desarrollada y operaciones analizadas por el Oficial de Cumplimiento, como también, de decidir sobre mejoras a las medidas de control que éste proponga. Las funciones del Comité podrán incluir las tareas concernientes a la ley FATCA.

Las entidades deben contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, que le permitan desarrollar sistemas de alertas, con el propósito de identificar y detectar operaciones sospechosas. Dichos instrumentos deberán ser capaces de monitorear todas las transacciones realizadas por sus clientes a través de los diversos productos, prestando especial atención a aquellas que se efectúen con dinero en efectivo. Los parámetros de detección de operaciones sospechosas considerarán en su aplicación el riesgo de clientes y/o productos.

Asimismo, deberán desarrollar y proveer a las instancias encargadas de ejecutar los servicios a los clientes de una lista de “señales de alerta” que les sirvan para detectar operaciones sospechosas o conocer operaciones sobre las cuales deben tener especial prudencia.

En este sentido, constituye una señal importante que debe ser comunicada a la unidad interna responsable cuando la entidad rechace una operación de un cliente o de un potencial cliente, producto de haber observado movimientos inusuales u otras características de sospecha que merecieron tal rechazo.

Las operaciones sospechosas identificadas a través de estos sistemas de alerta implementados, ya sean de naturaleza computacional o producto del monitoreo de las áreas encargadas de ejecutar los servicios a los clientes, deberán ser reportadas a la unidad responsable de la evaluación de dichas operaciones. El análisis de las potenciales operaciones sospechosas debe realizarse de manera estructurada, documentando las fases de análisis, gestiones realizadas y fuentes de información consultadas. El proceso de análisis deberá considerar toda la operativa relacionada, los intervinientes en la operación y la información relevante que posea la entidad. Cuando la identificación provenga de sistemas manuales, deberá contemplarse para el reporte a la unidad correspondiente el uso de un formulario especialmente diseñado. Todos los análisis efectuados de estas operaciones deben quedar debidamente documentados y deberán conservar un registro de los casos analizados de potenciales operaciones sospechosas, debiendo constar las fechas de apertura y cierre del caso, los motivos que generaron su revisión, una descripción de la operativa

Hoja 11 analizada, la conclusión alcanzada tras el análisis y las razones en que se funde el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) enviado a la UAF, o el descarte de la operación.

Identificada una operación sospechosa, la que ha sido definida en el Título I de este Capítulo, el banco está obligado a reportar dicha operación a la UAF en los términos indicados para ello en el Título C de la Circular N°62 de dicha entidad.

Los bancos deben contar con políticas y normas de selección de personal y de conducta de éste en relación con clientes, con el objeto de prevenir la ocurrencia de operaciones de LA/FT/FP.

Asimismo, deben disponer de reglas de conducta contenidas en un código, que orienten la actuación de cada uno de sus funcionarios para el adecuado desarrollo del sistema de prevención adoptado, y prevenir y resolver conflictos de intereses que pudieran surgir con sus clientes.

La institución debe desarrollar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus empleados, sobre las normas vigentes en materia de prevención de LA/FT/FP, sus políticas, los sistemas y los procedimientos en uso establecidos al respecto, como también, adiestramiento en cuanto a modalidades, técnicas o procedimientos utilizados en estas actividades.

Estos programas deberán comprender a todo el personal del banco, incluido el de sus filiales y sociedades de apoyo al giro cuando corresponda, y deberán ser periódicos y diferenciados según se trate de personal nuevo, de la función de cumplimiento, del área de operaciones o que atiende público en forma directa.

El sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, implementado es responsabilidad de cada entidad y debe ser periódicamente evaluado por la auditoría interna de la institución, sobre la base de procedimientos definidos por la entidad, aprobados por la alta administración y de aceptación general.

La evaluación de las temáticas contempladas en este Capítulo es parte del proceso de supervisión, evaluación y clasificación por gestión, de que trata el Capítulo 1-13 de esta Recopilación.

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